La arremetida contra Corpesca, la disputa por el jurel y la amenaza a los Stengel: las controversias que desata la distribución de cuotas propuesta por el Gobierno

Al ver trabada la nueva Ley de Pesca, el Gobierno optó por tramitar por separado el corazón del proyecto: el fraccionamiento que distribuye las cuotas entre industriales y artesanales. Rápidamente, esa norma, que incrementa los porcentajes de los segundos, se aprobó en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, tensando al máximo las relaciones con la industria. Este martes, en Erede, la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, interpeló al ministro de Economía, Nicolás Grau, llamándolo a desistir de la iniciativa: “La Región no resistiría un golpe a una actividad que está sana”. Y mientras el fraccionamiento pasa a la Comisión de Hacienda, los pesqueros sacan cuentas. Algunos afirman que, incluso, sus operaciones podrían hacerse inviables. 

Anchoveta: el daño colateral de la arremetida contra Corpesca

Es sabido que el principal motivo esgrimido por el Ejecutivo para una nueva Ley de Pesca son los vicios en la tramitación de la norma vigente, que dejó condenas por cohecho para parlamentarios y una por soborno a Corpesca. Esta pesquera del grupo Angelini opera en el norte del país y se ve como una señal simbólica que el 80% de la cuota de anchoveta en esa zona vaya a artesanales. Hoy, entre Arica y Coquimbo, la fracción industrial oscila entre 84% y 50%.

Pero ese golpe dirigido a Corpesca provocaría daño colateral. “Significaría terminar y cerrar las operaciones de Camanchaca en el norte, haciendo desaparecer la competencia por la compra de pesca artesanal y el empleo del sector. En esta macrozona (...) no existe una abundancia de pesca de orilla artesanal que justifique mantener abierta una planta, y el escuálido fraccionamiento que quedaría para el sector industrial tampoco permite una mínima operación”, dijo Ricardo García, gerente general de Camanchaca, quien apuntó a que al Gobierno “tampoco parece importarle los sectores laborales artesanales e industriales. Todos pierden con esta propuesta”.

Lo que describe García avivó las críticas en algunos sectores pesqueros, que consideran que incluso se disminuye la competencia para Corpesca. En esa firma no lo ven del mismo modo. El propio Roberto Angelini, presidente de la empresa, escribió en la última memoria de la pesquera que el fraccionamiento propuesto “definitivamente no hace viable su operación”. En esa carta, argumentó que el proyecto “no considera la historia real de desembarques de este recurso en la zona” y “transforma en letra muerta todo el resto del articulado del proyecto”.

Jurel: la disputa por el principal recurso marino del país

Si bien en el año 2011 el jurel era un recurso sobreexplotado, en la actualidad ha vuelto a ser la principal pesquería del país y ha estado en el centro de la discusión del nuevo fraccionamiento que considera la ley.

Actualmente, el 90% de la cuota es para el sector industrial, pero el proyecto que se discute en el Congreso la reduciría a un rango de 65%-75% entre Atacama y Los Ríos, y a uno de 80%-90% en Los Lagos.

Los organismos internacionales han ido incrementando la cuota chilena gradualmente y el Gobierno defiende la idea de que, con esto, los artesanales podrían subir sus capturas sin afectar a los industriales, ante la desconfianza de estos últimos.

La misma presidenta de los Industriales del Biobío recordó que recién el comité internacional recomendó un aumento máximo de un 15% para 2025. “Todo aumento siempre debe respetar la ciencia y no obedecer a presiones políticas, como ocurría hace varias décadas”, señaló Cepeda, y agregó que el fraccionamiento propuesto contradice el esfuerzo de aumentar el consumo humano de jurel, incentivando la producción de harina de pescado en desmedro de alimentos y valor agregado.

La gerenta de Asuntos Corporativos de Landes, Carla Sánchez, sostuvo que el proyecto “amenaza la sobrevivencia” de esta pesquera. Y agregó que “lo único concreto es que el Gobierno promueve modificar las reglas del juego que, según la ley actual, están vigentes hasta el año 2032, lo que es en nuestra opinión una vulneración de nuestros derechos de propiedad y una medida anticonstitucional”.

Merluza: la indicación que amenaza a pesquera de los Stengel

El caso de esta pesquería es distinto, porque no veía mayores cambios con el proyecto original presentado por el Gobierno. Para los industriales, la cuota de merluza común disminuía solo tres puntos, pasando de 60% a 57%. Sin embargo, debido a indicaciones ingresadas por diputados oficialistas, la cuota cayó a 30%.

PacificBlue, pesquera ligada a la familia Stengel, es la principal explotadora de este recurso y estima que el nuevo fraccionamiento la haría perder un 50% de su participación, amenazando con ello la continuidad operacional de la empresa pesquera.

“Ninguna empresa puede sobrevivir si su actividad económica se ve reducida a la mitad”, dijo su gerente general, Marcel Moenne, en una declaración enviada por esta compañía.

El ejecutivo reclamó que es “incomprensible” que se le asigne el 70% de la cuota a los artesanales, teniendo en cuenta las restricciones operativas que enfrentan en la región del Biobío, donde se concentra la pesca de esta especie.

Desde la pesquera señalan que, históricamente, sobre todo por restricciones climáticas, las embarcaciones de los pescadores artesanales no tienen la capacidad de generar continuidad de abastecimiento para las plantas de proceso, que es el destino de gran parte de la captura de esta especie.

Según conocedores, el Gobierno está consciente de que esta cuota no es viable, por lo que intentaría reponer los porcentajes originales en la discusión que se dé en el Senado, situación que, en PacificBlu, siguen de cerca y con preocupación ante los efectos en su operación.